Edu- Opi Opinion

Nueva Mayoría y Educación Superior: indefinición, vacíos y cantinfleos

Jul 27, 2015 Fundación Crea

Por Matías Delgado

*Al calor de las movilizaciones por la educación, la crisis de legitimidad y los zigzagueos del gobierno de Michelle Bachelet, la segunda semana del mes de julio elMinisterio de Educación finalmente –tras más de un año de espera- emanó un primer documento referido a la Reforma de Educación Superior.

Dicho documento, que sin duda contiene algunos lineamientos interesantes, está por sobre todo lleno de indefiniciones y vacíos sobre la proyección del sistema educacional terciario, cuestión que lamentablemente no sorprende considerando la situación en que se encuentra el Gobierno y la elite gobernante. En política, la oposición de ideas y definición de posturas es fundamental para una verdadera construcción democrática, cosa que hasta ahora y cada vez con mayor profundidad, la Nueva Mayoría evita permanentemente o esta incapacitada de lograr, especialmente toda vez que intenta levantar un discurso de transformación estructural, pero al alero de acuerdos con los poderes económicos y políticos tradicionales.

Esta indefinición quizás fue útil durante los años de la para-política concertacionistas donde la democracia de los acuerdo intentó purgar el conflicto de lo político, pero hoy aquel cantinfleo donde todo se dice sin decir nada, no resulta tan útil para los defensores del modelo económico-político. A pesar de esto, el documento no está perdido, sino que tiene que ser comprendido como una suerte de MacGuffin de Hitchcock, como aquella excusa que, sin ser trascendental en la trama, permite avanzar en esta.

Si el Mineduc no logra definir con claridad si la reforma profundizará el modelo existente o será un paso en dirección a uno estructuralmente distinto, tendrá que ser el movimiento social -y quienes los apoyamos- los llamados nuevamente a representar los intereses de la mayoría, marcando con fuerza en aquellos espacios de indefinición cual es el camino a seguir.

Desde que se levantó la demanda de educación gratuita, se comenzó a discutir y establecer con claridad que esto no solo es un problema de transferencia de recursos, sino que una cuestión estructural respecto al tipo de sistema educacional que necesitamos promover para Chile. Lo fundamental, en esa línea, es poder construir un proceso de transición hacia un modelo educativo centrado en la Red Estatal de Instituciones; donde se otorgue educación pública, democrática, de calidad y gratuita a la mayoría de los chilenos y chilenas, y donde además se genere el conocimiento pertinente para el desarrollo nacional y local de manera participativa y democrática. Este objetivo implica asegurar gratuidad, pero a su vez establecer las condiciones para revertir el poder del mercado en el sistema educacional.

Lamentablemente desde las primeras líneas el texto del Mineduc se aleja de este principio, al establecer que “La reforma propone cinco propósitos que buscan incorporar una lógica de derechos y recuperar el rol regulador del Estado”. Pareciera que el intento por contenerlo todo sin contener nada es voluntario. Una de las cuestiones fundamentales es definir qué tipo de Estado construye esta reforma, y en ello los asesores del ministerio omiten la discusión sobre la necesidad de contar con un Estado encargado de garantizar y otorgar el derecho a la educación y no sólo asumir la mera regulación. Dicha necesidad, es la que se ha descrito como el paso de un estado subsidiario (es decir uno que solo regula e interviene cuando el privado no es capaz de actuar) a uno garante (capaz de tomar en sus manos la provisión de derechos sociales básicos y que asegura el ejercicio de estos mismos).

Ya aquí tenemos un serio problema que separa una vez más al movimiento por la educación con el Gobierno.

Las indefiniciones continúan respecto a los principios del marco regulador, “Inclusión y no discriminación arbitraria”, “Participación” y “Libertad de Enseñanza y Diversidad” concurren como si no existieran espacios de contraposición radical entre sus contenido. El documento establece que “la provisión de la educación superior será de iniciativa estatal y privada, garantizándose la pluralidad del Sistema Nacional de Educación”, al respecto creemos que la pluralidad del sistema se da por la democracia y diversidad interna de las instituciones propia del principio de participación, y no por permitir la proliferación de instituciones privadas cuyo proyecto educativo responde a intereses particulares. Podemos ver como la pluralidad entendida como libertad de generar instituciones solo beneficia a quienes tienen el poder económico para materializar sus proyectos educativos, supeditando el interés de la comunidad al propio, más aun cuando se otorga libertad para establecer formas de organización sin resguardo de la democracia interna a todo nivel. Es por esto que es necesaria una prelación de principios donde la participación y la inclusión sean resguardadas mediante dispositivos democráticos.

Otro punto que permite abrir la discusión a definiciones es el financiamiento. Se proponen tres formas principales para este: primero transferencia por gratuidad en relación al valor del arancel, segundo fondos basales, y tercero fondos concursables de investigación. El principal de estos métodos en la propuesta es la transferencia por gratuidad que constituye en palabras simples un sistema de voucher, -sistema que ya conocemos demasiado bien-, en este sentido mantiene y profundiza la lógica actual de mercado centrada en el financiamiento a la demanda. Son innumerables las horas hombres de reflexión y las líneas escritas entorno a lo nocivo que es esta lógica,insistir en este tipo de modelos de financiamiento como centralidad del proyecto, revela un extremismo casi terrorista por mantener la lógica de mercado en el corazón de los derechos sociales, o bien, una incapacidad sorprendente de la Nueva Mayoría y sus integrantes para salir de un esquema neoliberal de funcionamiento.

Si bien entendemos que esta forma de financiamiento no puede eliminarse totalmente de inmediato, sobretodo en instituciones privadas, creemos que debe limitarse a un proceso de transición acotando su impacto solo a las universidades que no son parte de la Red Estatal de Instituciones. Estas últimas deben tener su central fuente de financiamiento en fondos basales de libre disposición direccionados a sostener los gastos operacionales básicos y a fortalecer áreas de interés o débiles, esto permitiría poner fin a la venta de servicios como forma de subsistencia y eliminar la política de aranceles en la red estatal. Por lo demás, es preocupante que no se plantea una política de financiamiento dedicada a fortalecer de manera permanente las instituciones de regiones.

Por último pareciera que el documento, y algunos titulares de la ministra, intentan mostrar un interés por la democratización en las políticas educativas. Esto solo será efectivo en cuanto nos encontremos con una democratización del poder y no solo de la práctica política, para esto sería útil la reestructuración del COSOC del Mineduc, y la institucionalización de espacios de participación efectivos de la sociedad civil al interior de los establecimientos de educación.

En resumidas cuentas este documento puede tornarse en un vórtice, desde el cual se despliegan dos alternativas. Por un lado se mantiene la ruta de indefinición para decir que todo cambie, pero que finalmente todo siga igual, o bien el movimiento social toma definiciones y dota de contenidos una reforma para lograr avanzar a una transformación estructural de la educación superior que ponga su énfasis en el combate de la mercantilización, ocupando la gratuidad como una herramienta de derecho, y a su vez de avance en el tránsito de un sistema privatizado, a uno democrático y público con hegemonía estatal.

Para ver detalles de este análisis invitamos leerla minuta preparada por Fundación Crea sobre el Documento del Ministerio de Educación. 

*Columna publicada el 22 de julio de 2015 en El Desconcierto.