Colaboraciones Opinion

La justicia: campo de reproducción del poder hegemónico y su necesaria transformación estructural

Ago 09, 2016 Fundación Crea

*Por Alexia Valentina Altamirano Tabilo, colaboradora de Fundación Crea.

Durante las últimas semanas hemos sido testigos, a través de los medios de comunicación, de la avalancha de críticas hacia la cartera de Justicia encabezada por la ministra Javiera Blanco, militante del partido Demócrata Cristiano. Dichos cuestionamientos nacen por diversas circunstancias, tales como: aumento de sueldo de sus asesores personales; el nombramiento de funcionarios en comisión de servicio en Gendarmería; la rebaja presupuestaria a la Seremi; y el lamentable deceso de más de 180 menores de edad que se encontraban bajo custodia del Sename entre los años 2005 y 2016. Último hecho que me servirá como muestra indudable de la tesis que sostengo y expongo en esta columna.

Más allá de reducir estos hechos a polémicas de carácter meramente declarativo, a partir de las cuales, la misma ministra en cuestión se ha referido como muestras de aprovechamiento político del sector opositor, o declaraciones desafortunadas para dirigirse a los dichos del ex Director de Gendarmería. Actualmente, estamos siendo testigos, una vez más, de cómo el derecho penal es visto y utilizado no como un instrumento neutral para la solución de conflictos de esta naturaleza, sino como un aparataje institucional mediante el cual los grupos dominantes consiguen perpetrar sus intereses por sobre los de la sociedad civil.

Alicia del Basto, presidenta de la asociación de funcionarios del Sename, acuña una frase que me parece del todo coherente con lo que comprendo de este sistema judicial imperante, cito: “a los políticos no les interesan los niños porque no votan”. Me detendré en esta idea, no solo porque me resulta anecdótica, sino porque es necesaria su profundización.

Este Servicio del Estado –el Sename-, se encuentra a cargo del cumplimiento de las penas privativas de libertad de los menores de edad, propiciando un sistema especial que aparentemente generaría mayores garantías para el desarrollo integral de los jóvenes, y por sobre todo, les entregaría las herramientas necesarias para su reinserción en la sociedad. Sin embargo, la realidad es abismantemente distinta: un informe elaborado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial destaca entre sus datos, no solo la presencia constante del abuso sexual en decenas de hogares a cargo del SENAME, sino una crisis mayor que involucra, entre otros aspectos, la educación y la salud que reciben los 15.000 niños que el Estado debe proteger.

Hoy, el sistema de justicia está siendo altamente cuestionado, y quien preside el Ministerio a cargo de dicha “justicia” es quien debe hacerse responsable. En la sesión de la comisión Investigadora del Sename en la Cámara de Diputados, realizada el pasado lunes 4 de julio, la ministra de justicia se expresó de forma tan esclarecedora con respecto a su comprensión sobre la situación actual de este servicio que me resulta imprescindible destacar, cito: “Solo aclarar que hay una diferencia entre el concepto de vigentes y atendidos. Uno es flujo y el otro es stock. Cuando yo hablo de ocho mil o en el caso de lo que había en 2013, que teníamos 9.770, hoy día tenemos 8.326 niñas, niños y adolescentes vigentes, es el stock”.

No nos olvidemos, que tener a miles de niños, niñas y adolescentes abandonados en las poblaciones y con riesgo a delinquir, es correlato directo de otros miles de padres y madres aislados en las cárceles de nuestro país. Ese sistema es el que hoy nos impera y el que debemos acabar, ese sistema que sigue reproduciendo la desigualdad y la exclusión.

Si esta es la forma en que nuestras instituciones gubernamentales conciben a los menores en riesgo social: como un producto que genera utilidades, un voucher, una mercadería , queda de manifiesto la forma en que la ley sirve como mecanismo para la conservación del poder político en manos de quienes hoy lo poseen, con el propósito de seguir reproduciendo su dominación en el aparataje institucional con exclusión de la ciudadanía, quitándole la posibilidad no solo de conquistarlo, sino de seguir reproduciendo una división que recrea dos perfiles de ciudadanos: uno con derechos y otro sin derechos. En éste último perfil, encontramos a los condenados -menores, adolescentes y adultos-, seres cada vez más excluidos por acción del Estado, que prometió protegerlos y reinsertarlos nuevamente -las veces que sea necesario – a la sociedad civil.

Ahora bien, entender estos acontecimientos solo como errores administrativos, malos entendidos, polémicas generadas desde los medios de comunicación, o incluso, como mecanismos de aprovechamiento por parte de la oposición, es no abrir los ojos a una realidad que no solo aqueja al aparataje de nuestro sistema de justicia, sino que a todos los chilenos que hoy viven condenados por la precariedad y abandono producto de la misma, víctimas de un Estado subsidiario que atropella día a día hasta nuestra propia dignidad.

En el escenario actual, somos certeros en afirmar la necesidad de exigir la renuncia de la Ministra Javiera Blanco. Sin embargo, debemos ser tajantes en entender que el problema no se reduce a esto, pues cursamos por una crisis de fondo sobre el sistema de justicia actual. Es el momento de su reforma global, reorganizando el aparato penitenciario con la creación de una Ley de Ejecución Penal, que deje atrás las constantes irregularidades y las serie de consecuencias que significan hoy tener un sistema penitenciario regulado por normas de carácter meramente reglamentario; la innovación en la figura del juez de ejecución penal, que propicie un mayor resguardo en las garantías de los condenados; el desarrollo de políticas verdaderamente eficaces y abocadas a la reinserción social; y solo en conjunto con esto último, la reestructuración del Sename. Ya que no nos olvidemos, que tener a miles de niños, niñas y adolescentes abandonados en las poblaciones y con riesgo a delinquir, es correlato directo de otros miles de padres y madres aislados en las cárceles de nuestro país. Ese sistema es el que hoy nos impera y el que debemos acabar, ese sistema que sigue reproduciendo la desigualdad y la exclusión.

Para finalizar, es loable dejar en claro que el régimen penitenciario es solo uno de los tantos frentes del sistema jurídico actual, para reproducir el poder hegemónico desde el derecho en su sentido global. Desde los menores que delinquen y son presos –en sus sentido literal- de un precario sistema de justicia, hasta los miles de trabajadoras y trabajadores que son expuestos diariamente a pésimas condiciones laborales como lo es el subcontrato, y que a través del derecho laboral y sus posteriores reformas no logra tutelar efectivamente y hacer frente a dicha situación. Y desde estos miles de trabajadores, hasta un Tribunal Constitucional que cada vez más perece un agente político al servicio de una interpretación de la Constitución vigente, que en su ente protector.

Estos son algunos de los tantos ejemplos que demuestran que hoy la justicia, que por el derecho romano era entendida como la constante y perpetua voluntad de conceder a cada uno su derecho, es hoy un campo fértil para que la clase dominante conserve y perpetué su propio poder, sus propios derechos, por sobre el de todos los demás.

*Presidenta del cc.ee.  de la Facultad de Derecho de la UA Hurtado.