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Contingencia y Análisis de Fuerzas Políticas – Lunes 4 de septiembre

Sep 04, 2017 Fundación Crea

Proyecto Dominga y renuncia del equipo económico de La Moneda

Por Andrés Cabrera

Durante la semana pasada, el tema más relevante de la agenda noticiosa fue el de las repercusiones que gatilló el rechazo del proyecto minero-portuario Dominga perteneciente a la empresa Andes Iron por parte del Comité de Ministros (lunes 21 de agosto) y cuyo efecto más importante fue la renuncia del equipo económico del gobierno encabezado por el ministros de Hacienda y Economía, Rodrigo Valdés y Felipe Céspedes, respectivamente, además del subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco (jueves 31 de agosto).

Durante los días en que transcurrió el conflicto, las declaraciones cruzadas entre la Presidenta y los principales personeros de gobierno coparon la agenda de los medios, cuestión que fue alterada parcialmente por los resultados de la encuesta CEP correspondientes al período julio-agosto (viernes 1 de septiembre).

Con una crisis de magnitudes en el gobierno y con una derecha que -producto de los resultados de la encuesta- instala la sensación de que logrará conquistar la presidencia por medio de la candidatura de Sebastián Piñera a 76 días para la realización de las elecciones parlamentarias y presidenciales, las posibilidades de que otros actores políticos irrumpieran en la agenda de manera más consistente se redujeron al mínimo; tal es el caso de las repercusiones mediáticas que tuvo la Marcha Familiar convocada por la Coordinadora No + AFP para el domingo recién pasado (el abordaje que hacen los medios de la actividad es prácticamente nulo). En Santiago, los organizadores cifraron la participación en 50 mil personas (Carabineros en 3 mil).

De este modo, se evidencia que la posibilidad que tienen fuerzas políticas alternativas al duopolio de instalar sus propios temas en la agenda se encuentra debilitada en el contexto previo a las elecciones, lo cual, impide desestructurar el predominio mediático que tiene el clásico “conflicto duopólico”, el cual, terminó favoreciendo esta semana a los sectores restauradores, en particular, a la derecha política y económica.

Ad portas de la decisión asumida por el Comité de Ministros (CM), la posibilidad de que el conflicto se concentrara en el carácter de la instancia que estaba resolviendo el destino del proyecto (el CM) era elevada. Se tenían dos precedentes. En primer lugar, el Caso Barrancones y el modo en que Sebastián Piñera había “by-paseado” la institucionalidad para detener el proyecto (en ese momento no existía el CM como figura institucional). El segundo precedente era más contingente y cercano, y tenía que ver con la resolución aprobatoria del Tribunal Constitucional en torno a la ley de despenalización del aborto en tres causales; instancia que se había instalado como un tema prioritario en la opinión pública (el cual hubiese incrementado sus resonancias de ser rechazada alguna de las tres causales, lo cual no sucedió). A pesar de la importancia del CM en tanto entidad resolutiva, el tema se desplazo finalmente a un campo eminentemente político producto del conflicto que estalló en el Ejecutivo.

Al interior del gobierno se configuraron dos bandos. Uno, comandado por la presidenta Michelle Bachelet y su grupo de asesores más cercanos (entre los que destacan Ana Lya Uriarte, Pedro Güell, Mahmud Aleuy y los ministros de Medio Ambiente, Marcelo Mena, Agricultura, Carlos Furche y Segpres, Nicolás Eyzaguirre). El otro, comandado por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, Economía, Luis Felipe Céspedes y el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco.

El segundo piso de La Moneda en conjunto con la mandataria, desarrollaron un discurso a favor de las comunidades y el medioambiente oponiéndolo al del mero crecimiento económico. El problema es que este relato trabajado por la propia Michelle Bachelet no se condice con la realidad, menos aún, con las decisiones adoptadas por el propio gobierno. Detrás de la desactivación del proyecto minero-portuario Dominga, no sólo estaba la posibilidad de que Bachelet y este gobierno terminaran el año con mejores niveles de aprobación adoptando un discurso que ha calado hondo en la sociedad (los problemas medioambientales que afectan a diversas comunidades regionales), sino que también, se encontraba la posibilidad de desactivar un foco de conflicto debido a que hace unos años su nuera, Natalia Compagnon, le había vendido a Bachelet dos terrenos de media hectárea para dejárselos a sus hijas, por un valor de 6.5 millones de pesos. Como se sabe, Compagnon tenía “buen olfato” para la compra de terrenos que, con el paso de los años, subirían su valor comercial.

El discurso en defensa de las comunidades y el medioambiente en desmedro de la rentabilidad privada sería rápidamente torpedeado. El movimiento No Alto Maipo recordó rápidamente que el ministro de Economía entrante, Jorge Rodríguez Grossi, había sido asesor de Aes Gener (lo cual le ha llevado a intervenir en dos de los proyectos de la empresa: Alto Maipo y la carbonera Guacolda), después de estar en el ministerio de Economía durante el gobierno de Ricardo Lagos. Incluso, había tratado a dichos activistas como “ecofascistas”. En el caso del otrora Segpres que llegaba a Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, fue algo más fácil volver a revisitar algunos aspectos emblemáticos de su currículum, en tanto diseñador y ejecutor del Crédito con Aval del Estado, precisamente, cuando ocupaba el cargo de ministro de Hacienda de Ricardo Lagos. En este contexto, fue acertada la declaración de Beatriz Sánchez, quien estableció que pareciera que habíamos retrocedido 17 años en el tiempo. El día domingo, el nuevo ministro de Economía volvió a abrir las posibilidades de realización del proyecto Dominga en el programa Estado Nacional de TVN: “Si es rentable, no veo problema en que se haga responsablemente. El recurso está allí, bajo tierra, se debe aprovechar”.

Para la mayoría de los analistas de la plaza, este conflicto significó el fin del último reducto de “racionalidad” del gobierno ante el avance de un reformismo que ha “apurado el tranco” al restar casi 6 meses para la finalización de su administración a fin de consolidar un “legado”.

Al contrario de lo que los analistas de la plaza han opinado, esta situación no revierte en lo más mínimo la tendencia restauradora de las reformas llevadas a cabo durante este gobierno. Una prueba de ello será la tramitación de la reforma previsional, la cual, de los tres proyectos de ley presentados al Congreso por el ejecutivo, sólo uno será trabajado durante este gobierno; siendo muy probable que el 5% del aumento previsional termine siendo administrado por las AFP.

Archivo en pdf: Contingencia y Analisis Fuerzas Políticas_04 de septiembre