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Contingencia y Análisis de Fuerzas Políticas – Lunes 25 de septiembre

Sep 25, 2017 Fundación Crea

Se intensifica conflicto entre Estado chileno y pueblo mapuche: “Caso Iglesias” y “Operación Huracán”

Por Andrés Cabrera

Durante las últimas semanas, la agudización del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche ha escalado a partir de dos situaciones que se han instalado en el centro de la opinión pública. Los denominados “Caso Iglesias” y “Operación Huracán”. La necesidad de buscar una salida política al conflicto se vuelve un imperativo.

La primera de ellas, refiere a la huelga de hambre -que ya acumula 111 días- llevada a cabo por los comuneros mapuche Alfredo Tralcal, y los hermanos Ariel, Benito y Pablo Trangol, a quienes se les ha aplicado la Ley N° 18.314 (Ley Antiterrorista).[1] A dichos comuneros se les acusa de quemar el 9 de junio de 2016, una capilla de la congregación Iglesia Evangélica del Señor, en Padre de las Casas, una de las zonas candentes del conflicto (hasta el momento, se han llevado a cabo 28 ataques contra templos en la provincia de Malleco y Cautín). La acción imputada a los comuneros, se ejecutó mientras el pastor y los feligreses celebraban una reunión en el lugar. Fue el ex intendente de la Araucanía -hoy, candidato a diputado por La Araucanía- Andrés Jouannet, quien interpuso una querella por el delito de incendio terrorista el viernes 10 de junio del 2016.

Los comuneros llevan más de un año y tres meses en prisión preventiva. El próximo miércoles 27 de septiembre tendrá lugar la audiencia de preparación del juicio oral, la que se desarrollaría de aquí a fin de año, aproximadamente. Las demandas de los comuneros y sus familiares son:

  1. El inicio de un juicio justo.
  2. La no aplicación de la Ley 18.314 (Ley Antiterrorista).
  3. La no utilización de testigos sin rostro.
  4. La revocación de la medida cautelar de prisión preventiva.

Desde mediados de septiembre, el caso ha adquirido mayor visibilidad debido a diversas manifestaciones de apoyo de familiares y activistas. El 15 de septiembre un grupo de más de veinte personas se tomó las dependencias de Conadi en Santiago. El 18 de septiembre, a 104 días sin ingerir alimentos, el sacerdote jesuita Felipe Berríos junto a representaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos y del Colegio Médico de Chile[2], visitaron a los huelguistas en la cárcel de Temuco y se anunciaron nuevas gestiones y mediaciones para intentar resolver esta situación crítica.

El 20 de septiembre, los cuatro comuneros fueron trasladados al Hospital de Temuco donde querían practicarles un electrocardiograma, debido a que todos presentan una muy baja frecuencia cardiaca. Pero se negaron a someterse al examen. Actualmente los comuneros se encuentran con riesgo vital (la última de las acciones de protesta se llevó a cabo el día lunes 25 en la sede de Renovación Nacional, la cual fue tomada por activistas).

Con este contexto de fondo, el día sábado 23 de septiembre, se llevó a cabo la denominada “Operación Huracán”, donde fueron detenidos H. L. y E. L. (en Concepción); J. H y R. H., de la Comunidad Autónoma de Temucuicui; M. C., apresado en el campamento de apoyo a los presos en huelga de hambre; el Machi F. T. y D. C., detenido en Los Ángeles. A pesar de que se habían divulgado los nombres de los apresados, la jueza Luz Arancibia prohibió dar a conocer la identidad de los detenidos el día domingo.

La denominada “Operación Huracán” fue desplegada simultáneamente en Temuco, Los Ángeles, Concepción, Talcahuano y Ercilla en base a las diligencias derivadas de los ataques incendiarios del 12 de marzo en Lautaro (empresa de Transportes Cavallieri con 17 camiones y 7 ramplas destruidas), del 19 de agosto en Padre las Casas (empresa Transportes Calafquén con 18 camiones destruidos) y del 3 de septiembre (Fundo “La Envidia” del sector Pumalal, con camiones y maquinaria destruida).

El día domingo, el grupo compareció ante el Tribunal de Garantía de Temuco, donde luego de la audiencia de control de detención. La fiscalía formalizó cargos en su contra como autores de asociación ilícita terrorista. Además, dos de los detenidos quedaron además imputados por el delito de incendio terrorista de 18 camiones junto a la ruta 5 en Padre las Casas. Los comuneros quedaron en prisión preventiva y el plazo de la investigación se decreto en cuatro meses.

El fiscal a cargo del caso, Cristián Paredes, destacó que “los antecedentes que se corroboran por mensajes de texto y mensajería vía WhatsApp y Telegram, confirmados por peritajes de los teléfonos incautados, demuestran que esta asociación es de de cualquier tipo, ya que se organiza para cometer ataques terroristas como los incendios y quemas de camiones, que a la fecha ya suman 40 vehículos de carga, además de la búsqueda de financiamiento, compra y adquisiciones de armas de fuego de importante calibre”.

Por su parte la abogada de H. L:, Patricia Cuevas, cuestionó los argumentos del equipo persecutor indicando que “no es posible que basados en elementos obtenidos en Wikipedia, Emol y un blog que lo señalan como líder de la CAM y que le otorga un apodo por el cual se le atribuyen supuestos mensajes, se le formalice por ser la cabeza de una agrupación destinada a la asociación ilícita con carácter de terrorista, sin nombre ni estructura donde hay ocho personas que no tienen un vínculo que los una entre sí”.

El General Inspector de Carabineros, Gonzalo Blu (Director de Inteligencia) fue quien lideró la investigación durante aproximadamente seis meses. El 31 de agosto pasado, el general director de la institución, Bruno Villalobos, viajó personalmente a La Araucanía para poner en manos del Ministerio Público la información recopilada.

Nota. Las fuentes informativas utilizadas para la realización de esta minuta provienen de diversos medios periodísticos, entre ellos: Mapuexpress, El Desconcierto, El Mercurio y La Tercera, además de la página del Colegio Médico.

[1] Es necesario recordar que la ley antiterrorista fue promulgada en 1984, como respuesta de la dictadura de Pinochet al proceso de movilización social gestado en el ciclo de protestas que va de 1983 a 1987. La Ley antiterrorista se ha venido aplicando continuamente en múltiples casos y de diversa índole a partir del año 2002 luego de la muerte de Alex Lemún.

[2] Declaración pública del Colegio Médico detallando que los comuneros se encuentran en “estado crítico”: http://www.colegiomedico.cl/?p=10954 “En la conferencia participaron el Dr. Patricio Meza, vicepresidente del Colegio Médico y los Drs. Enrique Morales y Waldo Wilkinson, presidente y miembro del Departamento de Derechos Humanos del Colmed, respectivamente; quienes hicieron públicas –previo consentimiento informado de los detenidos-, las evaluaciones realizadas a los detenidos concluyendo que se trata de huelgas de alto riesgo médico cuya condición es de riesgo vital”.

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