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Aborto terapéutico en Chile Reflexiones sobre su aprobación y el contexto latinoamericano

Ago 23, 2017 Fundación Crea

Camila Galaz

Catalina Miranda

Beatriz Roque

Núcleo de estudios de género y sexualidad

Fundación CREA

 

El día lunes 21 de agosto, el movimiento feminista en nuestro país hizo historia. Luego de maratónicas jornadas en el Congreso y una bullada revisión del Tribunal Constitucional, a mediodía, se aprobó la implementación de la ley de aborto en tres causales, y con ello, se logró un avance sustancial para los derechos reproductivos de las mujeres. Cientos de personas apostadas frente a la fachada del Tribunal festejaban emocionadas el avance logrado; avance por el que muchas mujeres lucharon toda su vida. Sin embargo, y pese a la evolución –y alegría- innegable que esta ley significa, debemos ser cautas y no estancarnos, puesto que ella ha devuelto parcialmente la dignidad a las mujeres de Chile.

¿Por qué decimos que se “ha devuelto parcialmente la dignidad”? Primero, es necesario recordar que la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia se encuentra penalizada desde 1989, año en el que la dictadura militar de Pinochet derogó la normativa sanitaria sobre aborto terapéutico que existía desde 1931 en Chile. Luego, en 1991, se presentó un proyecto de ley que proponía despenalizar el aborto solo con fines terapéuticos, el cual no tuvo éxito frente a una cámara abiertamente conservadora y compuesta en una abierta mayoría por hombres -hecho que se mantiene hasta el día de hoy-. Actualmente, la legislación presentada por el gobierno de Michelle Bachelet contempla tres causales que justifican la realización del aborto -en caso de peligro para la vida de la mujer, de inviabilidad fetal de carácter letal y en caso de violación-. Si bien su tramitación es un claro avance pues permite a mujeres y niñas la posibilidad de no tener que lidiar con un embarazo sumamente doloroso, todavía falta mucho por hacer.

El contexto de prohibición de cualquier acción que tenga por objetivo provocar un aborto no los ha hecho desaparecer; por el contrario, “según egresos hospitalarios entre los años 2001-2012 habrían ocurrido 395 mil 905 casos de aborto, es decir, interrupciones legales del embarazo antes de las 22 semanas de gestión” (Ulloa, 2016:41). Estos datos nos presentan una realidad que se ha tratado de invisibilizar durante décadas, demostrando que existe un problema del que debemos hacernos cargo. Asimismo, el contexto tras las tres causales de despenalización del aborto, se sostiene en los siguientes datos:

“Respecto a las causales planteadas; en el año 2012 hubo 54 mujeres que murieron en su proceso de gestación debido a un alto porcentaje (40%) a patologías médicas concomitantes, tales como insuficiencia respiratoria aguda, cardiopatía, etc.[…] En el caso de la segunda causal, referente a alteraciones estructurales incompatibles con la vida extrauterina [la cantidad] sería de 500 casos anuales en chile. En el caso de los embarazos producto de violencia sexual no existen datos concretos, salvo estudios que indican que la probabilidad de quedar embarazada es de aproximadamente un 10%” (Ulloa, 2016: 41)

Junto a estos datos, se puede observar y conocer múltiples noticias sobre embarazos de menores -usualmente de 14 años o menos- por violación e incesto, donde, frecuentemente, los violadores eran personas de su círculo cercano, como padres, tíos, primos o padrastros. Casos como el de una niña de 11 años con 5 meses de embarazo en Villarrica, quien fue violada y abusada sexualmente por su padrastro de 41 años (Emol: 2016), o el de una niña de 13 años de La Serena que fue violada por su padrastro de 43 años (El Desconcierto: 2017) son solo algunos de los crudos ejemplos dentro de tantos que se dan a conocer día a día.

En primera instancia, debemos tener en consideración que la ley por sí sola no es suficiente. No nos engañemos: la criminalización del aborto no impide que cientos de mujeres se realicen abortos clandestinos todos los días en nuestro país. Si bien debemos aplaudir que hoy, finalmente, se legisle y se proteja a las mujeres en ciertos casos, tampoco podemos hacer oídos sordos a la realidad. Y es que el aborto se ha convertido en un problema de salud pública con claros tintes de desigualdad: cientos de mujeres, en especial jóvenes de escasos recursos, sufren día a día las consecuencias tanto sea físicas como psicológicas de realizarse estos tratamientos sin los cuidados adecuados, ni el soporte emocional que debiesen tener. Si queremos contribuir de manera efectiva a la comprensión de una sociedad igualitaria, empática y solidaria, debemos, sin duda alguna, combatir la desigualdad. Lamentablemente, hoy no tenemos evidencia concreta de que se vaya a solucionar la criminalización y vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de menores recursos en nuestra sociedad, y si bien esta ley es un avance, debemos luchar por más. La violencia sistemática de la que son víctimas las mujeres más jóvenes en ambientes vulnerables debe ser erradicada, sobre todo si pensamos en seguir avanzando por la conquista de nuestros derechos.

En segundo lugar, hoy, como se presenta en la legislación, cada miembro del equipo médico puede argumentar objeción de conciencia. Esta implica la posibilidad de negarse a realizar un aborto, decisión motivada por conflictos personales de carácter ideológico, religioso o, simplemente, individuales. El proyecto aprobado contempla esta posibilidad, no obstante, los términos e interpretación de este punto serán expuestos el lunes 28 de agosto por el Tribunal Constitucional. El artículo de objeción de conciencia genera un conflicto entre derechos: por un lado, el derecho fundamental de la mujer, su vida, dignidad y autonomía, en contraposición a la libertad de pensamiento de quien realiza el procedimiento. Si observamos lo que pasa en la región, la objeción de conciencia puede ser considerada como un acto más allá de lo personal, como un modo de disputar por otra vía lo que no se concede bajo la democracia en el parlamento (Alegre, 2014).

Es pertinente abordar el debate sobre la objeción de conciencia, tanto en su dimensión institucional e individual, especialmente si comprendemos la implicancia emocional que conlleva la realización de un aborto en una sociedad donde la estigmatización y rechazo de esta práctica son tan amplios. En este sentido, resulta preocupante que la objeción de conciencia se materialice en otro obstáculo que sobrellevar al decidir abortar. De esta forma, “si bien esta negación a practicar abortos es un derecho que debe ser respetado, colisiona con el derecho de la mujer a recibir el tratamiento que solicite dentro del marco legal vigente” (Beca y Astete, 2015: 497), ésta puede ser considerada una traba a la realización del procedimiento médico. Asimismo, cabe preguntarnos en qué medida las instituciones de salud facilitarán y apoyarán la decisión de las mujeres.

En esta reflexión, también nos gustaría poner en la palestra el contexto de nuestra región en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres, para entender dónde nos ubicamos, comprendiendo que el alcance de nuestros derechos sexuales y reproductivos podría ser visto como un continuo en el que nos queda largo camino. Es por ello, que cabe destacar que la objeción de conciencia es un artículo constitucional presente en países como Colombia, Paraguay, Nicaragua, Ecuador, Guatemala, Argentina y El Salvador, mientras que Costa Rica y Honduras refieren a la objeción de conciencia en leyes vinculadas a la ética profesional, siendo solamente Bolivia y Panamá quienes lo explicitan en relación al aborto. Es por ello que se expliciten los términos de la objeción de conciencia y que esta no opere como una traba ideológica – moral para el libre ejercicio de los derechos de las mujeres y se tomen los resguardos necesarios para ésto. Por otro lado, esperamos que en organismos públicos se faciliten los mecanismos de acceso a la información y acompañamiento.

A continuación, presentamos una tabla donde exponemos la regulación de aborto en América Latina a modo de un continuo. Este continuo debe ser entendido desde los elementos más básicos, es decir, de salud de la madre o del feto (riesgo de la vida materna, inviabilidad fetal, daños físicos y psicológicos), hasta elementos que entenderemos ligados a la dignidad y calidad de vida de las mujeres involucradas (poder decidir si tener o no un bebé producto de violencia sexual, razones socioeconómicas y otras).

Tabla 1: Regulación del aborto en América del Sur

País Riesgo de vida materna Inviabilidad fetal Daños físicos Daños psicológicos

 

Violación o incesto Razones socioeconómicas Otras
Argentina x
Bolivia x x x  x
Brasil x  x
Chile x  x x
Colombia x x x x x
Ecuador x x  x
Guayana x x x x x x x
Guayana Francesa x  x x
Paraguay x
Perú x x  x
Suriname x
Uruguay x x x x x x x
Venezuela x

Fuente: elaboración propia datos Pew Research Center. Disponibles en:http://www.pewresearch.org/interactives/global-abortion/

Actualmente, el escenario de los derechos sexuales y reproductivos en América Latina es preocupante. Como bien muestra la tabla, todos los países que componen el cono sur poseen una legislación que protege la vida de la madre, mientras que solamente seis países le otorgan la posibilidad a las mujeres y niñas que sufrieron una violación decidir si quieren ser madres o no.

Por otro lado, organismos internacionales se han pronunciado sobre eliminar la violencia contra la mujer, tal como lo expresa el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde se establece “excepciones a la prohibición general del aborto (contemplando el aborto terapéutico y en los casos en que el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto), además de proveer servicios de salud y educación sexual accesibles” (2014).  Por su parte, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 2014 solicitó que se revise la legislación referida a aborto cuando el embarazo sea por violencia sexual. Asimismo, el Comité contra la Tortura y Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, organismos pertenecientes a Naciones Unidas, han considerado una transgresión a los Derechos Humanos obligar a proseguir un embarazo ante cualquiera de las tres causales presentadas en el proyecto. Incluso, desde 1994 en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), llevada a cabo en El Cairo, se afirma que el aborto legal debe ser seguro y accesible para todas las mujeres.

Al mismo tiempo, diferentes organizaciones no gubernamentales se han manifestado en contra de la estricta legislación chilena contra el aborto, utilizando diversas acciones para avanzar en esta materia. Un caso fundamental es Amnistía internacional, que sido otra organización presente y que defiende la interrupción del embarazo, planteando que “los derechos sexuales y reproductivos son Derechos Humanos, sin excepción” (2015).

Sin lugar a dudas, los avances en generar nuevas legislaciones en nuestra región deben ser profundizados y consolidados en miras a promover y resguardar los derechos de todas las mujeres, sin distinción, donde seamos sujetos de derechos y no sólo de deberes considerándonos como iguales en la comunidad democrática. Es fundamental que los procedimientos médicos y de acompañamiento estén orientados en pos de la integridad física y psicológica de las mujeres.

Evidentemente, estas causales no cubren un alto porcentaje de los abortos realizados en Chile -considerando que tampoco se puede contar con cifras del todo confiables debido, precisamente, a su criminalización-. No obstante, y a pesar de todas las falencias y obstáculos mencionados, hoy es un día de celebración. Otorgar la posibilidad a cientos de niñas, adolescentes y mujeres a decidir si llevar a cabo un embarazo en estas situaciones, donde nuestra dignidad ha estado mermada desde la dictadura militar, es un avance sin lugar a dudas que debemos profundizar y celebrar. Celebración porque hoy triunfamos las mujeres. Celebración porque hoy estamos protegiendo a miles de niñas, mujeres y adolescentes víctimas de violencia sexual. Como bien comentó Hillary Hiner, académica de la Universidad Diego Portales, hace un par de días en una columna a The Clinic, “los embarazos no deseados producto de una violación tienen en Chile cara de niña, cara de adolescente”. Y es que, con la aprobación de esta legislación, estamos protegiendo a cientos de menores violentadas sexualmente. Les estamos diciendo de frente que sí, ellas pueden escoger sobre su futuro y que, si bien este tipo de agresiones jamás se olvidan, ellas no deben cargar con la responsabilidad de ella ni continuar en ese círculo de violencia. Es, de esta manera, que debemos celebrar hoy por la protección a nuestras niñas y a aquellas madres cuya salud –tanto física como psicológica y emocional- está en peligro.

Por último, es de suma importancia que continuemos dando la lucha por el aborto libre en nuestro país. Solo así, podremos comprendernos como sujetos de derechos con libertad y autonomía para elegir sobre nuestro cuerpo, sin que se nos imponga qué es lo que debemos hacer ni qué roles debemos perseguir. Porque no somos objetos, no somos meros recipientes, y porque nuestro útero es solo nuestro, de nadie más. Nadie más tiene derecho a decidir por sobre nosotras. Es así, que, en un año clave para el futuro de nuestro país, se deben tomar posturas claras y no vacilar en torno a estos temas, considerando la voz de las verdaderas afectadas: nosotras, las mujeres.

Bibliografía

Aguila, F. (9 de agosto de 2016). Niña de 11 años con 5 meses de embarazo denuncia violación de su padrastro. Emol. Extraído del sitio: http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/08/09/816529/Nina-de-11-anos-denuncia-violacion-de-su-padrastro-y-tiene-5-meses-de-embarazo.html

Alegre, M. (2014). Objeción de conciencia: Un debate sobre la libertad y los derechos. Cotidiano Mujer.

Amnistía Internacional. (2015). Presentación de amnistía internacional en seminario sobre interrupción del embarazo. Extraído del sitio:http://amnistia.cl/noticia/presentancion-de-amnistia-internacional-en-seminario-sobre-interrupcion-del-embarazo/

Beca, J.P., & Astete, C. (2015). Objeción de conciencia en la práctica médica. Revista médica en Chile, 143, 493-498.

El Desconcierto. (3 de febrero de 2017). Niña de 13 años fue violada y embarazada por su padrastro en La Serena. Extraído del sitio: http://www.eldesconcierto.cl/2017/02/03/nina-de-13-anos-fue-violada-y-embarazada-por-su-padrastro-en-la-serena/

Hinner, H. (17 de agosto de 2017). Cara de adolescente, cara de desesperación. The Clinic. Extraído del sitio: http://www.theclinic.cl/2017/08/17/columna-hillary-hiner-tc-cara-adolescente-cara-desesperacion/

Naciones Unidas. (2014). Comité de Derechos Humanos de la ONU presenta observaciones finales sobre Chile. Extraído del sitio:http://www.onu.cl/onu/tag/aborto/

Pew Research Center. (2015). Worldwide Abortion Policies. Extraído del sitio:http://www.pewresearch.org/interactives/global-abortion/

Ulloa, J.(2016). Derechos sexuales y reproductivos y la despenalización de la interrupción legal del embarazo. En Agenda de género de la presidenta Bachelet: ¿cuánto hemos avanzado?. Instituto Igualdad: Santiago de Chile.